Facultad de Derecho U. Chile CDH

Glosario

Conceptos de uso frecuente en el campo de Transparencia, Accountability y Lucha Anticorrupción


Este listado de Conceptos de Uso Frecuente en el campo de la transparencia y la lucha contra la corrupción ofrece definiciones de hechos y herramientas utilizadas en este campo, tanto desde instituciones gubernamentales nacionales, regionales e internacionales, así como desde organizaciones no gubernamentales.


Accountability

Audiencias Públicas

Auditoría

Blanqueo o Lavado de Dinero

Cabildeo

Captura del Estado

Cartel

Clientelismo

Cohecho

Colusión

Conflicto de Intereses

Control Presupuestario

Control Social

Corrupción

Corrupción menor o corrupción hormiga


Declaración Jurada de Intereses

Declaración Jurada de Patrimonio

Derecho de Acceso a la
Información Pública

Desfalco

Enriquecimiento Ilícito

Extorsión

Favoritismo

Fideicomiso Ciego

Financiamiento de la Política

Fraude

Incidencia

Información Privilegiada

Lobby

Negociaciones Incompatibles

Nepotismo

Pagos de facilitación

Pactos de Integridad

Participación ciudadana

Prebendas

Protección a Denunciantes

Puerta Giratoria

Regalos

Recuperación de activos

Sistemas de Compras Públicas
(Public procurement en inglés)

Soborno

Subasta Pública

Tráfico de Influencias

Transparencia (Transparencia Activa y Pasiva)

Usura

Veedurías Ciudadanas


Accountability

Este término no tiene una traducción exacta al español. Si bien suele traducirse como “rendición de cuentas”, el concepto en inglés engloba también la noción de responsabilidad de las autoridades elegidas ante sus electores, de transparencia y de fiscalización. Andreas Schedler la ha definido de la siguiente forma: “La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones”. (Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de transparencia Nº 3, IFAI, México, Pág. 13.).


Audiencias Públicas

Reuniones de participación ciudadana, en la cual una autoridad habilita un canal institucional para que para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión. Puede ser participante toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática de la Audiencia Pública. La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y abierta las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta. Los derechos y obligaciones que puedan surgir de este tipo de instancias varían dependiendo de la regulación específica que las afecte, pudiendo constituirse en instancias meramente consultivas o con algún grado de obligatoriedad para la autoridad.


Auditoría

Concepto que se inscribe en el amplio campo del control. Puede tratarse de un examen de legalidad, de cuentas o de gestión; público o privado. Tratándose del ámbito público los controles, en una sociedad democrática, pueden ser: inter-institucionales (por ejemplo, controles recíprocos entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial), intra-institucionales (órganos especializados dentro de la institución, por ejemplo, auditorías internas o comités de ética), o por parte de de órganos especializados externos. En el plano público el concepto de auditoría cobra relevancia en éstas dos últimas acepciones. Las auditorías internas son realizadas por organismos independientes dentro de la misma institución; las auditorías externas, ya sea de control de legalidad, de cuentas o de gestión, están a cargo de órganos ajenos a la institución (por ejemplo, el control realizado por las Contralorías Generales, tribunales de cuentas u otros semejantes). La auditoría, a diferencia, de otro tipo de controles, es un examen a posteriori, es decir, que se realiza con posterioridad al acaecimiento de los hechos.


Blanqueo o Lavado de Dinero

Comprende un amplio complejo o conjunto de operaciones financieras, comerciales y/o legales que tienen por objeto encubrir el carácter ilícito de determinados fondos o bienes, para hacerlos aparecer como de origen lícito.


Cabildeo

Ver “Lobby


Captura del Estado

El término “captura del Estado” fue acuñado por el Instituto del Banco Mundial para aludir a “la capacidad de las empresas para darle forma y afectar la formación de las reglas básicas del juego (Ej. Leyes, regulaciones y decretos) a través de pagos privados a funcionarios públicos y políticos” (J. Hellman, G. Jones y D. Kaufmann, “Aprovecha el día, aprovecha el Estado: Captura del Estado, corrupción e influencia en economías en transición”, Trabajo de Investigación de Políticas del Banco Mundial, No.2444, Septiembre 2000). Este concepto tiene dos connotaciones: originalmente se utilizó para describir posiciones dominantes de grupos de interés en los Estados, de tal forma que logran influir en la generación de leyes o políticas públicas para favorecer sus intereses o para asegurar que no les sean perjudiciales. Los medios para lograrlo pueden ser diversos, por ejemplo, a través de dádivas a empleados públicos y/o representantes para que actúen conforme sus intereses, a través del financiamiento político, o a través del abuso de las influencias que se tengan. Una segunda acepción comprende también la captura del Estado por parte de partidos políticos en el poder y que se tiende a lograr vía favoritismos (clientelismo, amiguismo o nepotismo). (Ver “Favoritismo”)


Cartel

Un cartel se forma cuando un grupo de empresas competidoras en un mismo mercado se coluden con el objeto de disminuir la competencia y de esta forma incrementar sus beneficios. Los miembros de un cartel pueden llegar a acuerdos en materias como limitación de la producción, fijación de precios, cuotas de mercado, y asignación de clientes o de territorios entre otros. Por otro lado, los carteles de la droga, si bien no siempre son propiamente ?carteles? en el sentido económico del término, constituyen asociaciones ilícitas para el control de la producción y el tráfico de drogas. La relación entre los carteles y la corrupción es estrecha, por ejemplo el soborno corporativo facilita la creación de carteles, y la colusión entre empresas puede llevar a la manipulación fraudulenta de los procesos de contratación pública y licitación. Ver también Colusión.


Clientelismo

El término clientelismo denota una variante del término genérico de Favoritismo. Se emplea para referirse a relaciones informales y desiguales de intercambio de favores, en las cuales la persona o grupo en posición de poder -por jerarquía o prestigio- demanda aquiescencia o apoyo político (generalmente electoral, en cuyo caso la clientela política la conforma el electorado) de otra persona, a cambio de algún bien o ventaja provenientes de la función pública o del poder del que goza (ya sea distribución de bienes fiscales, acceso a programas sociales o simplemente bienes materiales de primera necesidad). Son prácticas con profundas raíces históricas, presente en gran parte de los países latinoamericanos, y cuyas características, consecuencias políticas y sociales son muy discutidas actualmente por analistas y académico/as.


Cohecho

Ver “Soborno


Colusión

La colusión es un acuerdo, generalmente secreto, tomado por dos o más empresas o personas con el objeto de limitar la competencia, defraudar a otros, u obtener un objetivo prohibido por la ley, generalmente mediante la defraudación o el abuso. Puede envolver un acuerdo entre empresas para dividir el mercado, fijar precios, fijar salarios o limitar la producción. También podría envolver el pago de sobornos en forma de “comisiones” a los funcionarios encargados de los procesos de contratación pública. Los carteles son una forma de colusión. Ver también Cartel.


Conflicto de Intereses

Se denomina conflicto de intereses a la situación que se presenta cuando una persona, participa en alguna actividad o decisión relacionada con intereses públicos, o que puede afectar los intereses de colectivos privados (como podría ser el caso de los accionistas una sociedad anónima), que pone en peligro la imparcialidad, objetividad o independencia de su consejo, juicio o decisión. Usualmente esta situación implica un serio riesgo de que la persona en cuestión dé preferencia a sus intereses personales o de terceros a quienes busca favorecer, afectando el ejercicio objetivo de las funciones oficiales o fiduciarias de que se trate.


Control Presupuestario

Proceso de monitoreo que registra las operaciones realizadas en el marco de un determinado presupuesto, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas, apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, identificar desviaciones y determinar acciones correctivas. Se suele usar esta expresión para referirse a una línea de trabajo de ciertas organizaciones de la sociedad civil que procuran que los presupuestos públicos locales, sectoriales o nacionales sean transparentes; se discutan con la participación ciudadana; que haya posibilidad de monitorear la debida gestión y ejecución de los presupuestos para comprobar que se están gastando en los fines previstos; y que los gastos se están efectuando bien y sin demoras injustificadas.


Control Social

El control social es un aspecto esencial de la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción en democracia, y consiste en el desarrollo de una relación entre la ciudadanía (a través de personas, grupos espontáneos u organizados) y las instituciones políticas en donde los primeros cumplen un rol activo en el monitoreo de los procesos de toma de decisiones sobre temas de interés público, así como el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.


El control social puede desarrollarse a través de diferentes instrumentos (institucionales o espontáneos) y sobre cuestiones de interés público diversas: a través de la presentación de solicitudes de información pública, desarrollando un monitoreo del gasto en propaganda durante una campaña electoral, o fortaleciendo y promoviendo una opinión pública plural y libre, entre otras estrategias. El Control Presupuestario antes referido es una forma específica de control social.


Corrupción

Suele afirmarse que corrupción significa el “mal uso o abuso del poder público para obtener una ganancia privada” (definición acuñada por la organización Transparencia Internacional). Sin embargo, la corrupción es un fenómeno que ha sido definido de diversas formas y con diversos énfasis, lo que hace que no exista hoy una única definición reconocida.

Se la ha explicado como un abuso o incumplimiento de las funciones de administración del interés público, ya sea en manos de agentes públicos o privados; como desviación o abuso de recursos públicos con fines privados o bien como un acto a través del cual se violan derechos, entre otras.


Corrupción menor o corrupción hormiga

Se refiere a aquella corrupción que tiene lugar de forma cotidiana en los servicios públicos, en el contacto entre funcionarios y usuarios del servicio. Consiste en el pago de pequeños sobornos con el objeto de obtener ciertas ventajas indebidas, por ejemplo, brindar atención de salud o un beneficio social a una persona que no cumple los requisitos para recibirlo.
Es difícil trazar en la práctica la distinción entre la corrupción menor y los pagos de facilitación, aunque teóricamente en el primer caso se trata de la obtención de una ventaja indebida, mientras que en el segundo caso se trata de acelerar una prestación a la que legalmente sí se tiene derecho.


Declaración Jurada de Intereses

Acto por el cual un agente público detalla bajo juramento o promesa de decir verdad, todas las actividades profesionales y/o económicas, a las cuales se encuentre vinculado y que puedan implicar un beneficio o interés pecuniario. El objetivo de que esta información sea de público conocimiento es poder identificar potenciales conflictos de intereses cuando a un/a funcionario/a o autoridad le toca pronunciarse o intervenir en diferentes materias, las que, por existir un interés personal de por medio, afecten su imparcialidad.


Declaración Jurada de Patrimonio

Las declaraciones juradas de patrimonio son actos por los cuales un agente público debe enumerar todos los bienes que poseen ellos/as, y sus cónyuges o allegados más inmediatos, según sea la legislación respectiva. Por lo general, se suelen presentar antes de asumir su cargo, una vez por año mientras se continúe en el cargo y al terminar un mandato o dejar un cargo. De este modo, los órganos institucionales de control y la propia ciudadanía pueden observar la evolución del patrimonio de una autoridad a lo largo de su carrera pública. Esta herramienta permite establecer una información esencial de referencia para poder determinar si ha tenido lugar un enriquecimiento ilícito. (Ver “Enriquecimiento Ilícito”)


Derecho de Acceso a la Información Pública

Es el derecho que tiene toda persona, física o jurídica, de acceder a y difundir información pública clara, completa y oportuna, ya sea información pública gubernamental o información en manos de empresas privadas proveedoras de servicios públicos o que reciben fondos públicos. En una gran cantidad de países, existen normas que regulan las limitaciones y procedimientos para hacer uso de este derecho a acceder a la información pública (leyes de acceso a la información pública). Estas limitaciones deben ser establecidas en forma restrictiva y con miras a salvaguardar intereses superiores, como por ejemplo, resguardar de eventuales daños a terceros.


Desfalco

Se trata de la sustracción ilegal o apropiación indebida por parte de una persona, de dinero o bienes raíces cuya custodia se le ha confiado en razón de su empleo o cargo, ya sea como agente o guardián. Es usualmente tipificado como delito por las más diversas legislaciones. Cuando la persona en cuestión es un agente público puede calificarse este delito también como una forma de corrupción.


Enriquecimiento Ilícito

Se entiende por enriquecimiento ilícito el incremento significativo del patrimonio de una persona sin justificación razonable. Constituye especialmente un acto de corrupción cuando el sujeto activo es un/a funcionario/a público/a que presenta un incremento de sus ingresos superior al que permitirían sus ingresos legítimos y que no puede ser razonablemente justificado al ser debidamente requerido. Por último, se entiende que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

Esta conducta está definida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 20), la cual establece que cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas o de otra índole para tipificarla como delito, con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. Esta alusión se explica porqué según algunos expertos en derecho penal, esta figura podría alterar el peso de la prueba o establecer una responsabilidad objetiva.


Extorsión

En términos genéricos esta conducta consiste en constreñir a una persona o a un grupo de personas a hacer, tolerar u omitir alguna cosa (un acto o negocio en perjuicio de su patrimonio, actividad profesional o económica, o la de un tercero), con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero. En el campo de la corrupción, la extorsión constituye la contra-cara del soborno, en tanto consiste en la exigencia de una dádiva por parte de un funcionario público. En casos de corrupción sistémica, es difícil diferenciar esta figura del soborno o cohecho, en la medida en que tal situación (y la percepción generalizada de que existe) es, implícitamente una forma de extorsión o una invitación al soborno, de modo que no se hace posible distinguir claramente quién toma la iniciativa. En variadas legislaciones se le denomina concusión cuando es realizada por un/a agente público/a o autoridad en función de su cargo y abusando del mismo para realizarla. (Por ejemplo, el Código Penal de Colombia, artículo 404).


Favoritismo

Término genérico que indica una conducta o práctica de beneficiar arbitrariamente a determinada persona, personas o grupos en las decisiones públicas, atentando contra los principios de imparcialidad y no discriminación. Existen distintas formas de favoritismo, dependiendo si se da preferencia a parientes (nepotismo) a “clientes” que constituyen o se espera que brinden apoyo político (clientelismo), o a amigos y allegados (amiguismo). (Ver “Nepotismo”, “Clientelismo”)


Fideicomiso Ciego

Institución en virtud de la cual una persona que ejerce un cargo de alta autoridad pública, cede la administración de su patrimonio a un tercero independiente, sin tener opción de saber ni intervenir en el manejo posterior de sus bienes por parte de éste durante un período determinado. Puede ser una herramienta valiosa para evitar conflictos de interés en el ejercicio del cargo público.


Financiamiento de la Política

Área de particular interés en el campo de la lucha contra la corrupción. Abarca tanto el financiamiento de los partidos políticos, como el de campañas electorales. Es un área problemática, pues ha sido considerada como una puerta de entrada a la corrupción, o incluso un canal a través del cual se ejercen determinadas formas de captura del Estado, en tanto el financiamiento privado podría influir en la forma cómo los partidos y/o candidatos financiados toman decisiones públicas. Existen diversos sistemas normativos que regulan qué financiamiento es permitido, bajo qué condiciones, etc. Dicha normativa intenta resolver la necesidad de asegurar recursos para la actividad política, sin que éstos desvirtúen los fines y objetivos de la misma.


Fraude

El fraude es un elemento presente en una serie de delitos económicos y que implica la utilización de engaños, artimañas o trampas, a través de los cuales alguien obtiene una ganancia ilícita, con perjuicio de otro. El fraude puede surgir por el deseo de causar daño a través del engaño, o por obtener ganancias abusando de una relación de confianza.


Incidencia

Ver “Lobby


Información Privilegiada

Información a la que, por ley o por normas estatutarias, sólo tienen o deben tener acceso anticipado determinadas personas dentro de un órgano público, una empresa u organización, por la posición que ocupan en ella. Suele tratarse de información importante que, si se hace pública, debe darse a conocer en condiciones de igualdad, en modo y tiempo, para todos aquellos que pudieran estar interesados en actuar sobre la base de tal información. Por ello, si esta información se usa indebidamente, puede aportar ventajas ilícitas a quien la posea o a quien éste la haya comunicado. Muchas legislaciones han tipificado la figura de uso abusivo o indebido de información privilegiada para sancionar la utilización ilícita de este tipo de datos.


Lobby

Consiste en la organización de grupos de personas para influir en la toma de decisiones en el ámbito público. Conocida indistintamente como lobby, incidencia o cabildeo, se refiere al ejercicio de influir en la opinión de determinados actores o grupos, por medio de estrategias legítimas, con el objetivo de incidir en el proceso de discusión o toma de decisiones sobre una cuestión determinada. Las prácticas de lobby, incidencia o cabildeo buscan promover, favorecer o asegurar los propios intereses o los de aquellos a quienes representa quién desarrolle la acción, los cuales pueden constituir un interés público. De este modo, muchas organizaciones de la sociedad civil desarrollan estrategias de incidencia en la toma de decisiones para favorecer que prevalezca el interés público en las mismas, por sobre otros intereses particulares o privados.


Actualmente, muchos países han reconocido esta actividad a través de leyes que buscan regular esta actividad, garantizar su transparencia y prevenir y/o sancionar la violación de las normas de conflictos de intereses u otra actividad ilícita.


Negociaciones Incompatibles

Las negociaciones incompatibles se dan cuando un funcionario público se interesa, directa o indirectamente, en algún contrato u operación en el que interviene en razón de su cargo. Es una figura que ha sido tipificada como delito en algunas legislaciones en tanto se reconoce un conflicto de intereses. Ver concepto de conflicto de intereses.


Nepotismo

El nepotismo se define usualmente como un tipo de favoritismo que envuelve las relaciones familiares. Describe situaciones en que una persona explota su poder y/o autoridad para procurar un trabajo u otro favor a un familiar. En el mismo sentido, la Real Academia de la Lengua Española lo define como: “Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.” Suele tener lugar a cualquier nivel. Ver concepto de favoritismo.


Pagos de facilitación

Los pagos de facilitación, también conocidos como pagos de “engrase o aceitado” son una forma de soborno. Consisten en un pago realizado a un funcionario público o al proveedor de un servicio con el propósito de agilizar o facilitar la prestación de un servicio, la concesión de un permiso, la realización de un trámite u otro acto rutinario al que normalmente se tiene derecho sin dicho pago, y no con el propósito de obtener otro tipo de beneficio indebido.
No confundir el pago legítimo de un servicio más expeditivo (por ejemplo, el sobrecargo cobrado por obtener un pasaporte de emergencia, en el que de forma transparente se publican tarifas aplicables a todas las personas y por las que se otorga un recibo) con un pago de facilitación que constituye una práctica oculta e informal y cuyo monto es discrecional dependiendo de quien lo otorgue o solicite.
Se suele distinguir entre el soborno propiamente tal y los pagos de facilitación, puesto que en ciertos países se considera como normal el otorgamiento de favores pequeños en ciertas circunstancias, aunque en la mayoría de los países esta práctica es considerada ilegal.


Pactos de Integridad

Son acuerdos voluntarios y formales, suscritos entre los diferentes actores que intervienen en los diferentes momentos de un proceso de contratación de recursos públicos (licitación, subasta, adquisición de bienes, etc.), para fortalecer la transparencia, la equidad y la probidad del mismo y evitar que prácticas irregulares o corruptas distorsionen las condiciones de la competencia y afecten la racionalidad de una decisión administrativa. Usualmente se encuentran, por un lado, representantes de la autoridad de un Estado, ya sea central o local y, por el otro, una empresa privada interesada en el negocio. En estos pactos se explicitan las conductas que se quieran evitar, las sanciones en caso de que acaezcan y quién dirime la situación en caso de desacuerdo.


Participación ciudadana

Este concepto engloba diversas modalidades de participación social, ya sea organizada o espontánea, a través de canales institucionales o no. Ejemplos de tipos de participación ciudadana lo constituyen los derechos políticos de asociación y de voto, la participación en la aprobación de un plan regulador a nivel comunal, o las manifestaciones públicas de reclamo. Son mecanismos que permiten expresar demandas, opiniones y preferencias de personas y grupos, ya sea sobre las políticas públicas que les afectan u otros hechos de interés público.

Prebendas

Se trata de cualquier renta o ingreso percibido no proveniente del trabajo propio. Tiene su origen en las instituciones religiosas que recibían dineros y beneficios. Su problema en el ámbito público cosiste en la dificultad de justificar sus orígenes, pudiendo configurar casos de enriquecimiento ilícito, recibiendo dichos ingresos en la realización de un soborno u otro tipo de acto corrupto.


Protección a Denunciantes

El éxito de las estrategias de lucha contra la corrupción ha dependido en gran parte de la disposición de los individuos a dar información y/o entregar evidencias que permitan configurar casos de corrupción que se puedan perseguir legalmente. Los denunciantes (Whistle-blowers en inglés) son personas que informan a las autoridades públicas sobre transacciones corruptas de las que han sido testigos o han descubierto. Habitualmente estos individuos requieren de protección de aquellos que han sido expuestos. La protección a los denunciantes, entonces, se refiere a las medidas, ya sean legislativas, judiciales o administrativas, destinadas a proteger a los informantes de posibles represalias físicas, sociales o económicas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recoge esta necesidad en su artículo 33º, el cual dispone que “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”. De este modo diversas legislaciones han recogido esta figura, en el caso de Chile a través de la Ley Nº 20.205 que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad.


Puerta Giratoria

Práctica que consiste en que un regulador estatal deja su cargo público para inmediatamente ser contratado por una empresa privada de aquellas que regulaba. Las implicancias que esta práctica tiene para la probidad pública consisten en el riesgo de que, mientras actuaba como regulador, el funcionario público tendiera a favorecer a la empresa o empresas que anticipaba podrían contratarlo al dejar su cargo. La regulación de esta práctica presenta un serio dilema; diversas soluciones de han ensayado. El dilema consiste, por una parte, en tratar de impedir un conflicto de intereses en la función regulatoria, con el consiguiente daño al interés público y, por otra, en el respeto a la libertad de trabajo y la necesidad de atraer a la función pública a personas calificadas que podrían verse desincentivadas si suponen que se les limitará más tarde la posibilidad de trabajar en su campo de especialidad. En algunas legislaciones se ha intentado enfrentar estableciendo para el regulador que deja su cargo, un período de prohibición (o “embargo”) de trabajar privadamente en el mismo sector de la economía, sea compensándolo pecuniariamente por dicha abstención o no.


Regalos

En el contexto de las acciones corruptas, los regalos son beneficios otorgados o recibidos con la esperanza de obtener como contrapartida alguna ventaja, preferencia o beneficio. Los regalos pueden presentarse bajo la forma de dinero o bienes, o bajo forma de hospitalidad como cenas, hoteles, vuelos y entretenimientos de diversa clase como conciertos o actividades deportivas.
El límite entre un regalo destinado, por ejemplo, a agradecer un servicio o a crear una buena relación entre dos partes contratantes y una práctica corrupta es difícil de trazar, pero se atiende por regla general al monto/valor y a la frecuencia de los regalos, siendo fácil de entender que ciertas prestaciones que se repiten en el tiempo o que sobrepasan ciertos montos crean una obligación o bien pueden influir en el criterio de la persona a la que se encuentran dirigidos. Los países han comenzado a regular con el tiempo este aspecto y a determinar con claridad cuándo una autoridad/funcionario/a puede quedarse con un regalo y cuándo debe devolverlo.


Recuperación de activos

Recuperación de activos: medidas encaminadas a la recuperación de los bienes que fueron derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un acto de corrupción tipificado como delito. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción regula de forma integral esta materia en su Capítulo V estableciendo, entre otros, medidas para la prevención y detención de la transferencia de los productos del delito, medidas para la recuperación directa de bienes como acciones civiles reivindicatorias o indemnizatorias, y mecanismos de cooperación internacional en materia de decomiso.

Sistemas de Compras Públicas (Public procurement en inglés)

Conjunto de reglas que regulan los procesos de oferta y adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno y el Estado, u organismos regidos por el derecho público o supervisados por autoridades públicas. Estas regulaciones buscan asegurar la imparcialidad, eficacia y transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios con fondos públicos, incorporando mecanismos de resguardo como, por ejemplo, las licitaciones públicas, y los anuncios y selección a través de portales electrónicos diseñados para esto.


Soborno

El soborno o cohecho ocurre cuando un individuo intencionalmente ofrece, promete o efectúa un pago indebido u otro tipo de dádiva o ventaja, sea indirectamente o a través de intermediarios, a un agente o autoridad pública (nacional o extranjera), a fin de que ese agente haga o deje de hacer algo en cumplimiento de sus funciones y de ese modo obtener o mantener alguna ventaja indebida. Diversas legislaciones nacionales y tratados internacionales han tipificado como delito esta conducta (Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, 1996; Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, OCDE, 1997; y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU, 2003).


Subasta Pública

Proceso de selección basado en el principio de oferta de un bien o servicio de forma abierta y transparente, lo cual asegura que el mejor postor que cumpla con las características objetivas prefijadas accederá al bien o servicio. Por lo tanto, es un proceso de adjudicación que excluye los criterios de relaciones familiares, de amistad, sobornos, etc. En general, la ley exige subastas públicas para llevar a cabo contratos o compras públicas sobre cierto valor.


Tráfico de Influencias

Se habla de esta práctica cuando una persona aprovecha su cargo, sus contactos o influencias, de forma directa o indirecta, para obtener ventajas o beneficios indebidos de una administración o autoridad. Sólo algunas legislaciones (el Código Penal de Bolivia, por ejemplo) consideran está práctica como delito, pues es difícil de detectar y probar.


Transparencia (Transparencia Activa y Pasiva)

En el campo de la lucha contra la corrupción, el término transparencia se refiere a instrumentos e iniciativas que promueven y aseguran la visibilidad y accesibilidad de la información pública gubernamental y de las acciones de quienes están sujetos al escrutinio público.


Se suele entender por transparencia activa la práctica de las instituciones públicas de poner a disposición información relevante sin que medie una solicitud externa, para que las personas interesadas puedan conocerla, analizarla y hacer uso de ella. Se entiende por transparencia pasiva las acciones que responden a solicitudes de información concretas realizadas por personas ajenas a la institución.


Usura

El término usura se utiliza para designar el cobro excesivo de intereses, en préstamos en dinero u otras operaciones de capital. La mayoría de las legislaciones condena esta práctica como delito aunque varían los criterios para determinar los límites permisibles.


Esta práctica muestra habitualmente el aprovechamiento de la debilidad de una persona o institución ante las necesidades económicas en las que se encuentra y constituye un caso de enriquecimiento ilícito (en sentido general, no en la connotación técnica definida más arriba), afectando las distribuciones de los bienes en la sociedad y generando relaciones de poder fuertemente asimétricas. También existe el concepto de la denominada “usura encubierta”, mecanismo que disfraza el cobro de intereses al incluirlo dentro del precio en ventas a plazo.


Veedurías Ciudadanas

Las veedurías son herramientas de participación y de control social de los actos públicos puestas en marcha por ciudadanos y ciudadanas, con le objetivo de monitorear la gestión pública de bienes, planes y programas tanto por responsables públicos o privados.

Se trata de un mecanismo de participación que busca controlar que las instituciones públicas o privadas cumplan con lo establecido por las normas legales y verificar cómo se manejan los recursos públicos. A través de ellas, la ciudadanía se empodera y participa activamente en el ámbito público. Un ejemplo frecuente en América Latina es el desarrollo de veedurías en procesos electorale